El Gobierno de México ha tomado medidas legales severas contra el ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU.), presentando 20 denuncias penales en Estados Unidos por la muerte de 17 migrantes mexicanos ocurridas bajo custodia de la agencia o durante sus operativos.
A través de la Secretaría de Relaciones Exteriores y de su embajador Roberto Laceri, el gobierno mexicano exigió investigaciones criminales formales ante fiscalías estatales y de condado estadounidenses.
Además, solicitó la intervención de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para revisar si estas muertes violan los estándares internacionales de derechos humanos.
La organización Amnistía Internacional México publicó un informe en el que exige la disolución inmediata del ICE tras documentar abusos graves como homicidios ilícitos, detenciones arbitrarias, uso ilegítimo de la fuerza militarizada (incluyendo helicópteros Black Hawk y ataques con perros) y condiciones de reclusión degradantes.
Ante las denuncias de México y de la ONU por el incremento de fallecimientos (al menos 19 personas bajo custodia oficial en lo que va del año), el Inspector General del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de EE. UU. ordenó el inicio de dos investigaciones internas urgentes para auditar los centros de detención.
