Ernesto Ruffo Appel, exgobernador de Baja California, fue vinculado a proceso la madrugada del 23 de julio de 2026 por una jueza federal, acusado de los delitos de delincuencia organizada y contrabando de hidrocarburos.

La jueza de control Alejandra Ramírez de la Vega validó los datos de prueba de la Fiscalía General de la República (FGR) y le ratificó la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, por lo que permanecerá recluido en el penal de máxima seguridad del Altiplano, en el Estado de México.

Se le acusa de formar parte de una red de “huachicol fiscal” dedicada al contrabando de combustibles. El esquema consistía en importar hidrocarburos declarando ante las aduanas únicamente cerca del 10% de la carga real para evadir impuestos.

Ruffo Appel figura como el accionista mayoritario y consignatario de la empresa logística Ingemar. De acuerdo con las investigaciones, esta compañía operaba junto con una red de 11 empresas para introducir gasolina y diésel provenientes de la refinería Deer Park en Texas.

Las autoridades estiman que las irregularidades en miles de operaciones de importación causaron pérdidas multimillonarias a la hacienda pública.