El Congreso de la Ciudad de México se encuentra en busca de que los deudores alimentarios o personas que tengan sentencias por delitos de tipo sexual, violencia de género o intrafamiliar, no puedan llegar a ocupar un cargo público.

Esto gracias a la iniciativa del diputado de Morena, Alberto Martínez Urincho, el que busca que el Apartado A del artículo 7 de la Constitución Política de la Ciudad de México, sea reformado.

La propuesta ya se encuentra en las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas y en la Administración Pública Local, donde se va a revisar.

En caso de que la propuesta sea aprobada, las personas que busquen ocupar un puesto de elección popular, estar al frente de un organismo autónomo o en cualquier de las dependencias, van a tener que demostrar que no son deudores alimentarios y no han tenido sentencias por cargos de violencia familiar o de género.