El exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, fue vinculado a proceso la madrugada del 12 de agosto de 2026 por el delito de desaparición forzada de personas, derivado de las investigaciones del caso Ayotzinapa.
El juez de control Mario Elizondo Martínez ratificó la prisión preventiva oficiosa. Permanecerá recluido en el penal de máxima seguridad del Altiplano, en Almoloya de Juárez, Estado de México.
Se concedieron cuatro meses (120 días) para el cierre de la investigación complementaria, fijando el límite para el 4 de diciembre de 2026.
La decisión se tomó tras un debate que se extendió por casi 14 horas. El juez desestimó más de 30 datos de prueba presentados por la defensa del exmandatario.
La Fiscalía General de la República (FGR) acusa a Aguirre Rivero de ser autor material del delito al presuntamente ordenar la ocultación y destrucción de evidencias clave la noche del 26 de septiembre de 2014. [1]
Específicamente, se le imputa ordenar el borrado de los videos de las cámaras de seguridad 12 y 15 del Palacio de Justicia de Iguala.
Dichas grabaciones registraron el momento en que se privó de la libertad a los 43 normalistas de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos. Por la gravedad de los hechos, el cargo se tipificó como un crimen de lesa humanidad.
